Los estudiantes como actores de cambio social en Nicaragua
Hasta la fecha, se contabilizan de manera oficial: +45 estudiantes universitarios asesinados, +150 expulsados de las universidades, +37 estudiantes encarcelados por razones políticas, de los cuales 7 aún permanecen en prisión bajo un régimen de aislamiento y tortura. A un centenar de jóvenes se les eliminó de manera definitiva su registro académica de las universidades estatales y miles más optaron por el exilio, por el peligro que corrían sus vidas en el país. No conforme con ello, el Gobierno expulsó de manera arbitraria de las universidades, en complicidad con las autoridades educativas, a cientos de estudiantes que habían participado de las protestas antigubernamentales como represalia política en su contra.
El 18 de abril de 2018, estalló en Nicaragua una aguda crisis sociopolítica, que se venía gestando por diversas tensiones sociales entre Gobierno y sociedad civil, cuando el régimen presidido conjuntamente por Daniel Ortega Saavedra y su esposa Rosario Murillo Zambrana –Presidente y Vicepresidente, respectivamente–, ordenó a sus fuerzas armadas policiales y parapoliciales arremeter de forma violenta contra grupos de manifestantes en Managua y León, quienes exigían la derogación de la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), ordenada por el Presidente Daniel Ortega y firmada por él mismo en su decreto 03-2018. La mayoría de estos manifestantes eran adultos mayores a quienes las fuerzas estatales, oficiales y paramilitares, agredieron de forma violenta.
Dichos acontecimientos despertaron la indignación de la población, desencadenando en multitudinarias manifestaciones a nivel nacional. Cuanto mayor fue la participación ciudadana, mayor fue la fuerza represiva del Estado, dejando un saldo contabilizado hasta el primer semestre de 2022 de: + 350 asesinados, + 180 presos políticos y + 150 000 personas exiliadas.
Las manifestaciones fueron generalizadas en diversos sectores de la sociedad nicaragüense; sin embargo, la participación de la juventud universitaria fue muy significativa, llegando incluso a ser un referente de la lucha cívica. El liderazgo estudiantil fue de gran motivación para mantener vivas las protestas. Tanto así, que la dictadura los acusó de “delincuentes” e incluso “terroristas”. Los declaró sus enemigos. Todas justificaciones, en un intento por “legitimar” la sangrienta represión desatada contra esta población.
En febrero del 2022, el Estado confiscó 7 universidades privadas, luego de cancelar sus personerías jurídicas. El patrimonio de estas universidades fue entregado en su totalidad al Gobierno, el cual ha violentado todos los pilares básicos de la educación superior en Nicaragua, al transgredir la libertad académica y la autonomía universitaria.
las acciones del Estado nicaragüense ha dejado a miles de jóvenes sin la posibilidad de continuar sus estudios de educación superior. La gran mayoría, anhelan retomar su educación, porque saben que es su derecho. Pese a la esperanza que mantienen, existen obstáculos reales que les impiden cumplir su objetivo. Necesitan nuestro apoyo para que sea posible.
Fotos: Cortesía/CONFIDENCIAL